En diciembre de 2021, se aprobó el Real Decreto-ley 29/2021, que establece medidas urgentes para fomentar la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. Entre estas medidas, se encuentran nuevas exigencias en la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en aparcamientos. A continuación, detallamos estas nuevas obligaciones para empresas y particulares.
Puntos de recarga en aparcamientos de empresas y edificios no residenciales:
El Real Decreto-ley establece requisitos para edificios de uso distinto al residencial privado (oficinas, centros comerciales, deportivos, educativos, etc.) con fecha límite del 1 de enero de 2023. Sin embargo, algunos establecimientos han manifestado dificultades para cumplir con el plazo.
Para edificios no residenciales con más de 10 plazas de aparcamiento, se deben instalar canalizaciones que permitan la preinstalación de infraestructuras de recarga en el 20% de las plazas. Se requiere una estación de recarga por cada 40 plazas, y una adicional por cada 100 plazas extra. Para edificios pertenecientes a la Administración General del Estado, se exige un punto de recarga cada 20 plazas y uno adicional por cada 100 plazas adicionales o fracción.
Puntos de recarga en aparcamientos de uso residencial privado:
El Gobierno exige canalizaciones que permitan la preinstalación de infraestructuras de recarga en el 100% de las plazas de aparcamiento en edificios residenciales privados con más de 20 plazas, según el Real Decreto de modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado en junio de 2023.
Eliminación de barreras administrativas y medidas fiscales:
El Real Decreto-ley 29/2021 también contempla la eliminación de barreras administrativas, ya que no será necesaria la licencia o autorización previa para la instalación de puntos de recarga, bastando con una declaración responsable que permita la instalación desde el día de su presentación. Esto acelera los tiempos de instalación.
Además, se crean bonificaciones fiscales en el impuesto sobre bienes inmuebles y actividades económicas (hasta el 50%) y en las obras necesarias para la instalación de puntos de recarga (hasta el 90%), a través de la reforma del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004.
Con estas medidas, el Gobierno busca facilitar el despliegue de infraestructuras de recarga y promover la adopción de vehículos eléctricos, superando una de las principales barreras en nuestro país.
Medidas adicionales para fomentar la movilidad eléctrica:
Además de las obligaciones legales mencionadas, el Gobierno ha implementado una serie de medidas adicionales para impulsar el uso de vehículos eléctricos y la adopción de infraestructuras de recarga:
Ayudas económicas para la instalación de puntos de recarga:
El Gobierno ha establecido programas de incentivos para facilitar la instalación de puntos de recarga en aparcamientos, tanto públicos como privados. Estos programas subvencionan parcialmente los costos asociados a la instalación, ayudando a empresas y particulares a cumplir con las nuevas obligaciones legales.
Fomento de la colaboración público-privada:
El Gobierno también promueve la colaboración entre entidades públicas y privadas en el desarrollo de infraestructuras de recarga. Esta cooperación puede incluir la concesión de espacios públicos para la instalación de estaciones de carga, la participación en proyectos conjuntos de investigación y desarrollo, y la creación de alianzas estratégicas para impulsar la movilidad eléctrica.
Educación y concienciación sobre la movilidad eléctrica:
El Gobierno ha puesto en marcha campañas de información y concienciación para que los ciudadanos conozcan los beneficios de la movilidad eléctrica, como la reducción de emisiones contaminantes, el ahorro energético y la disminución de la dependencia de combustibles fósiles. Además, se fomenta la formación en tecnologías de movilidad eléctrica en centros educativos y de formación profesional, preparando a la población para la transición hacia un futuro más sostenible.
Conclusión:
Las nuevas obligaciones legales en la instalación de puntos de recarga en aparcamientos, junto con las medidas adicionales implementadas por el Gobierno, buscan impulsar la transición hacia una movilidad eléctrica y sostenible en nuestro país. A medida que aumente la infraestructura de recarga y se difundan los beneficios de los vehículos eléctricos, se espera que más ciudadanos y empresas opten por esta alternativa más ecológica y eficiente.
